Esta norma técnica establece un conjunto de principios y directrices fundamentales para la implementación de la seguridad de la información en los servicios de administración electrónica en línea. Su ámbito de aplicación abarca los procesos de diseño, desarrollo y operación de plataformas gubernamentales digitales, con el objetivo de garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos sensibles transmitidos a través de Internet.
El documento define requisitos generales que las instituciones deben considerar para proteger infraestructuras críticas y facilitar la prestación de servicios públicos seguros. Se enfoca en la gestión de riesgos específicos del entorno de internet, abordando la protección de identidades digitales, la seguridad de los canales de comunicación y la integridad de los sistemas de procesamiento.
Mediante la adopción de estos lineamientos, se busca armonizar las prácticas de ciberseguridad en el sector público, asegurando que las interacciones entre ciudadanos y gobierno se realicen en un entorno fiable. La norma proporciona un marco de referencia para la evaluación y mejora continua de los mecanismos de protección, adaptándose a las constantes evoluciones tecnológicas y a las amenazas emergentes en el ciberespacio.
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